El Gobierno de Nicaragua expuso su decisión soberana de denunciar el Convenio del Estatuto de la Corte, aprobado el 10 de diciembre de 1992, y retirarse de dicha Corte.
En la nota se destaca que, en 32 años de existencia, la Corte no ha cumplido con sus objetivos originales debido a la falta de integración plena de los países miembros del SICA y su sometimiento a decisiones externas.
Nicaragua reafirmó su compromiso con la integración regional y la unidad centroamericana, fundamentada en la igualdad y el respeto a la soberanía de los Estados.
Managua, 18 de marzo de 2025, MRE/DM-VLJ/024/03/2025
Doctor César Ernesto Salazar Grande Magistrado Presidente en Funciones Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) Managua, República de Nicaragua.
Estimado Señor Presidente:
El 10 de Diciembre de 1992, en ocasión de la XIII Cumbre de Presidentes de Centroamérica, los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, aprobaron el Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.
En estos 32 años desde su creación, la Corte Centroamericana de Justicia únicamente ha estado integrada por Magistrados/as de las Repúblicas de Nicaragua, Honduras y El Salvador, no logrando cumplir con los propósitos originales para su creación como órgano judicial de carácter regional.
Asimismo, tanto el Estatuto, como el Reglamento de la Corte Centroamericana de Justicia no responden a la realidad de la composición de la misma, ya que contra toda lógica, la Corte está sometida a las decisiones del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, que no forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), así como a decisiones de países que, a pesar de haber aprobado el Estatuto, no han materializado su voluntad de integrarse a la Corte Centroamericana de Justicia o a países que no forman parte del Estatuto.
Esta situación es claramente incoherente y no permite el desarrollo de una Corte que responda a una verdadera integración regional, en la cual todos los Países miembros del SICA participen plenamente en igualdad de condiciones, asumiendo sus Derechos y Obligaciones, circunstancia que es inaceptable e incontinuable para Nicaragua.
Por lo anterior, el Gobierno de la República de Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de denunciar el Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, aprobado el 10 de Diciembre de 1992 y retirarse de la Corte Centroamericana de Justicia, a partir de la fecha.
Conforme su Constitución Política, la República de Nicaragua reitera su invariable voluntad de continuar privilegiando la integración regional y propugnando por la reconstrucción de la Unidad Centroamericana, basada en la Igualdad y el respeto de la Soberanía de los Estados.
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